EL DOBLE DISCURSO

1) LAS OFICINAS: LO ‘PÚBLICO’ Y LO ‘PRIVADO’. La administración es lo público en sentido estricto. Es propio, por tanto, que las leyes que la regulan fijen la o las lenguas de su funcionamiento, pues afecta al núcleo mismo de su función: la Administración debe hablar en la lengua de sus ciudadanos, es un derecho de éstos y lo contrario sería aberrante. Tanto el comercio entre particulares como el mundo laboral tienen, asimismo, una dimensión pública, y, por tanto, están reglados. Se trata de asegurar un comercio y unas relaciones laborales justos. Pero tienen también una dimensión privada. El uso de la lengua en estos ámbitos podría, en casos extremos, llegar a afectar derechos, pero no forma parte de lo que determina el comercio y las relaciones laborales justos (salubridad de los productos o seguridad en la compraventa –comercio–, condiciones laborales dignas –laboral–, y un largísimo etcétera; es decir, lo que regulan el Código de Comercio y el Laboral), pues es el instrumento de que se valen esos particulares para sus intercambios. Se entiende, lógicamente, que lo que quieren es entenderse, y, por tanto, hay ahí un regulador natural, que es el propio interés de las partes. Desconozco si existe la práctica de prescribir «Las relaciones laborales y comerciales se harán en la lengua de los interesados» (cuya superfluidad, al menos parcial, es evidente), aunque es posible que genéricamente se regule que el comercio se haga en la lengua del país, o los contratos en la de las partes, para evitar abusos o engaños, pero dudo que pueda pretenderse para, por ejemplo, instrucciones de productos, por la evidente imposibilidad de su aplicación (aunque también aquí se ve que el propio interés puede actuar de regulador, pues quien quiera vender una máquina que exija instrucciones ya procurará que estén en la lengua del país). ¿Pero qué relación guarda todo esto con nuestras oficinas? Lo siento, Guillem, pero la terquedad de no querer ver lo que hay te lleva hasta lo grotesco: ¿crees tú de verdad que en la Cataluña de hoy siquiera puede darse el caso de que a alguien «no le vendan un producto o no lo atiendan porque habla catalán», y que es por eso por lo que han abierto esas Oficinas? ¡Pero si ni siquiera en las especificaciones que ellos dan dice tal cosa! (¡Pago, pago lo que sea!) «[…] una queixa o una denúncia sobre el dret de viure en català.» Martínez, por Dios, tú sabes tan bien como yo, y como todos, que eso no se ha hecho para evitar que a nadie «no le vendan o lo atiendan porque habla en catalán», pues eso ni se da, sino para que la gente denuncie tiendas, restaurantes y comercios donde no se habla catalán. Pero si quienes han hecho esas leyes no lo ocultan: «Exemple. Denúncia: Faré un viatge amb l'agència Roda pel Món, he demanat el contracte de serveis en català, però no en tenen cap exemplar. Considero que no es respecten els meus drets com a consumidor i vull fer una denúncia que condueixi a l'aplicació de sancions, si es demostra que es vulneren els meus drets.» ¡Y, tachín-tachí, ¿en qué lengua está redactado ese contrato de nuestra simpática agencia Roda pel Món que no está en catalán?! ¡Premio, Martínez, premio: efectivamente, no es algoquín, es en castellano! (¡Lo sé, lo sé: pago un viaje si es necesario!) «Les empreses […] és molt important que prenguin consciència que, a Catalunya, l'ús del català és un element imprescindible per oferir un servei de qualitat. Aquest és un dels principis de la política lingüística, i necessitem la vostra col•laboració, com a persones consumidores i usuàries, perquè les empreses amb seu a Catalunya incorporin l'ús del català.» La práctica del doble discurso (se aplican políticas nacionalistas y se difunde su ideología sin descanso, y cuando se les hacen objeciones, se niegan) hace muy difícil y penoso avanzar: lo que se pretende es que la gente que habla castellano hable catalán, y no lo ocultan salvo cuando se les pide que lo justifiquen conforme a la razón democrática. Te toca a ti, por tanto, decir en razón de qué es eso legítimo. Si el problema no fuera que más de la mitad de los catalanes habla castellano y pretende trabajar y tener comercios en esa lengua, ¿para qué iban a hacerse semejantes leyes? La cita que he hecho de tus palabras no era literal, pues estaba adaptada por exigencias gramaticales, pero sí fiel, aunque no del todo. Decías: «Sí que se puede denunciar a cualquier cosa con aspecto de servicio público por no cumplir la ley. Ejemplo: no vender un producto / no atender a un ciudadano porque utiliza una lengua determinada de las dos posibles». Hay que ver, Martínez, qué malabarismos. ¿Qué es eso de «una lengua determinada de las dos posibles»? He sustituido ese sintagma por «catalán» porque la Oficinas están para denunciar la escasez de esa lengua, ¿no? Pero es cierto que hay dos posibles; ¿por qué, pues, habría que denunciar el uso de una de ellas? ¿Y por qué no es denunciable el uso de la rotulación exclusivamente en catalán, lógicamente muy extendido? Pero tú dices: «Otro ejemplo de incumplimiento de la ley: rotular un local en, únicamente, lengua castellana». Esa asimetría, amigo Guillem, necesita algún refuerzo de apuntalamiento: ¿cuál es el principio de justicia que la inspira? Si la respuesta es que se trata de «salvar la lengua catalana», es un perfecto ejemplo de la injusticia a que da lugar desplazar el sujeto de derecho de los hablantes a la lengua. Como esa salvación, además, está proyectada al futuro y es, per se, incomprobable, ¿quién dice, además, que todas las medidas adoptadas hasta ahora son suficientes para asegurar tal propósito, y que no habría que intervenir, también, en la lengua doméstica de los más reacios o incompetentes para el aprendizaje de lenguas? Si se trata de un derecho, hay que asegurarlo. No es concebible la aplicación gradual o condicionada a la oportunidad del derecho al voto o de reunión. «[…] nadie –repito, nadie-, puede denunciarte ni denunciarme, como has señalado en algún post anterior e intentas señalar en éste, por utilizar una lengua y no otra». Pues sí, Guillem, lo lamento pero, por difícil que sea creerlo, sí es posible, y se está haciendo, y se instiga desde los poderes públicos, y se asegura el anonimato. Y es gravísimo. Y contiene un germen fascista. Y nada semejante se ha promovido jamás desde el Gobierno Central.

Tengo que dejarlo, el mundo siempre tironeando para sacarme de la silla. Me dejo muchas cosas que quería decir, pero las diré mañana

Carlos Feliu