LAS TURBIAS AGUAS DE LA CONFUSIÓN

1) La confusión de marras. Es cierto que dos pueden coincidir, en asuntos políticos concretos, por motivos distintos, como también lo es que dos idearios políticos distintos compartan determinados puntos de vista. Pero aquí el problema es que las políticas nacionalistas sólo pueden sustentarse sobre principios nacionalistas, ninguno de los cuales comparte la izquierda. Y, claro, sería deseable conservar algo de respeto por el principio de no contradicción. Dices: «Creo que son compatibles, aunque no me toque a mí defenderlo»; hombre, si lo crees, por algo será, y si no es a ti a quien toca defenderlo, ¿a quién, entonces? Lo que ocurre es que lo que tú llamas «leyes asimétricas que protegen, en un contexto territorial […], una lengua canija» sólo puede hacerse por razones identitarias (nacionalistas), pero no desde la doctrina de los derechos (izquierda). Lo repito, Martínez, desde la doctrina de los derechos, sólo existen derechos de los hablantes. Y desde esa doctrina, en Cataluña, en la educación escolar, se conculca el derecho de los castellanohablantes (¡que es, como mínimo, la mitad de la población!) a educar a sus hijos en su lengua, y en el social, con el viure en català, su derecho a relacionarse y al intercambio económico en su lengua. Se declare o no, cuando se dice que la mitad de la población «debe» aprender la lengua de la otra media, porque «esta es la lengua del país» y así éstos pueden «vivir en su lengua» (y eso exactamente es lo que quieren designar con normalización), se está diciendo que éstos son los dueños del país. Ya sé que se presenta como la «protección de una lengua minoritaria», pero, tal como recordaba Sartre, «lo importante no es lo que la burguesía crea hacer, sino lo que hace». Convertir la lengua en sujeto de derechos es, literalmente, sacrificar los derechos de los individuos en el altar de un ídolo así constituido. Y como parece que la teoría pura no es suficiente, ilustrémoslo con un ejemplito: pretender que debe estudiarse catalán y en catalán para salvar o proteger la lengua (derecho de la lengua), en lugar de por los beneficios objetivos para el estudiante y porque es su lengua (derecho del estudiante), es tanto como decir que hay que aprender matemáticas para salvar la Matemática. En cuanto al «respeto al débil y la corrección de la injusticia del mercado», dicho así, es hasta ofensivo con los auténticos débiles y la verdadera injusticia: el mercado se refiere a bienes escasos, que unos tienen y otros, no, y en esa categoría no entran las lenguas, pues nadie se queda mudo. Eso no agota el problema, ciertamente, pero la interesada repetición de un principio falso en nada contribuye a esclarecerlo. Concretemos más, ¿puedes señalarme algún derecho de los catalanohablantes que esté actualmente conculcado en Cataluña? Y me refiero, claro, a derechos doctrinal y positivamente consagrados, no a deseos. Ya puestos, podríamos recordar que si en Cataluña no existe opresión o tiranía (reales, objetivas y describibles, me refiero, pues que haya quien se sienta oprimido sin estarlo pertenece ya al terreno de la psicopatología), ¿en nombre de qué se reclama la independencia? En política, cuando yo digo que A debe sustituirse por B debo alegar razones (y no digamos si de lo que se trata es de desmembrar un país), y esas razones sólo pueden ser que B mejorará las condiciones de vida de los ciudadanos conforme a principios de justicia distributiva. ¿Cómo es posible que Carod diga: «queremos gobernarnos nosotros» y nadie le pregunte por qué? No quiero hacer acrobacias, pero el problema está en el pronombre, el «nos». Cuando Carod dice que quiere la secesión, no se ve en qué mejorará eso la vida de los catalanes, pero sí la suya y la de los suyos; o sea, «queremos gobernar nosotros». Y eso, lo siento muchachos, no es legítimo en democracia. No se trata, por tanto, de la «santa unidad de la patria», sino de legítima resistencia a proyectos dictados por principios identitarios y desnuda ambición de poder.

2) Más sobre la confusión. Por Dios, Martínez, ¿qué significa «Las lenguas peninsulares minoritarias no son lenguas normales. Son lenguas sin Estado»? ¿Qué entiendes por «lengua normal»; el quechua o las centenares de lenguas de la familia nígerocongoleña lo son? ¿Qué clase de secuencia política estableces entre lengua y Estado? Más: «En la Consti de por aquí abajo se fija el castellano como lengua oficial en todo el Estado.» No, Martínez, no, la Consti dice lo que tiene que decir una Consti en un país con más de una lengua: que el castellano es la lengua oficial de España, y cooficial en aquellos territorios que tengan otra. Y eso no es una definición territorial de la lengua. Luego sí dice algo discutible: que todos los españoles tienen obligación de conocer el castellano. Yo, desde luego, lo quitaría, pero informo a los indocumentados que existe la doctrina jurídica que aconseja la conveniencia de tal principio, entendiéndolo como un modo de asegurar el derecho y el deber que todos tenemos a conocer la lengua de las leyes que nos rigen, y el código penal está en castellano. Y otra cosa, ese principio no tiene en España desarrollo legislativo ninguno. Y con eso entramos en lo importante: si tal obligación, referida al catalán, no figura en el actual Estatut, y se está haciendo lo que se está haciendo, ¿realista y sensatamente, qué podemos temer que ocurra si se aprueba el nuevo, donde sí figura? ¿Y qué se está haciendo? Pues se han creado cinco Oficines de garanties lingüístiques donde «Tothom hi pot presentar una petició d'informació, una queixa o una denúncia sobre el dret de viure en català, o en aranès a la Vall d'Aran. […] Si considereu que no s'han respectat els vostres drets com a persona consumidora en relació amb l'ús del català i voleu que s'iniciï un procediment administratiu –que pot conduir a una sanció en el cas que es demostri l'incompliment de la legislació vigent– podeu presentar una denúncia». Y a todo ello lo precede la siguiente advertencia infame: «La confidencialitat està garantida». Paralelamente, la Agencia Catalana del Consumo «ha inspeccionado 1.401 tiendas y expedientado 156, de las que 28 tuvieron que pagar multas por importe total de 52.800 euros». Es estrictamente una práctica fascista empujar desde la Administración a unos ciudadanos a la delación anónima de otros por el uso privado que hagan de su lengua. Decías que estas Oficinas «son inexistentes si lo explicas en dos líneas más»; pues bien, ya las tienes. No puedo decirlo de otro modo: que alguien como tú crea, finja creer o quiera hacer creer que eso «no existe» es un síntoma gravísimo de corrupción social y de desistimiento moral, y, desde luego, una de las condiciones de posibilidad tanto de la existencia de esas Oficinas como de la de otras infamias que en el futuro puedan acontecer.

3) Aclaraciones. ¿Muy largo? Sí, pero, lo siento, no veo otra manera de tratar de refutar tantas afirmaciones indemostradas. Aquí cabían dos opciones: o cada uno expone su ideario, y a tomar copas, o establecemos un diálogo. Pero esto último exige razonar y demostrar las ideas propias, así como recoger las del contrario e intentar refutarlas también razonadamente. Si esto ahuyenta a los lectores, desde luego que lo lamentaré, pero yo accedí a esto porque creo que las aguas de las imprecisiones y las falsas ideas indemostradas son en las que los nacionalistas llevan veinticinco años nadando y en las que han conseguido sumergir todo debate racional.

Me voy a estirar al sol para mitigar la tristeza.

Carlos Feliu